Valeria Valerio Muñoz, Pasante de Ingeniería Ambiental de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), Tabasco, México, v_valerio1984@yahoo.com.mx

Podemos sentirnos orgullos de vivir en un país que cuenta con exuberante belleza biológica diversa; pero enfrentamos un grave problema… Se está viendo un ritmo de explotación cada vez más acelerado, la cual es urgente detener, ya que los costos económicos y sociales de esta degradación están siendo cada vez más altos.

Sabemos que la difícil situación económica por la que atraviesa nuestro país, no ha facilitado el proceso productivo en materia ambiental, y todo esto a causa de llevar la balanza ecológica dentro de los cálculos fríos de la economía, donde no existe un desarrollo uniforme en la legislación. En México se produjo desde 1996 una importante reforma Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) donde se establecen con mayor precisión, las facultades que le corresponden a las diversas órdenes de gobierno, en materia de preservación, protección al ambiente y restauración del equilibrio ecológico, donde la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) actuando como una facultad del gobierno federal, ocupa un lugar muy importante para la creación de una política de estado de protección ambiental.

Así como también existen otras Leyes, códigos y reglamentos que deben ser respetados: Ley forestal, Ley de aguas nacionales, Ley de pesca, Ley de planeación, Ley minera, Ley federal del mar, Ley general de vida silvestre, Ley general de asentamientos humanos, Ley de obras públicas, Ley de inversión extranjera, etc.; las leyes antes mencionadas, deben ser respetadas para poder encaminarnos hacia un país digno y organizado, donde colaboremos con la aplicación del derecho ambiental para lograr la existencia de un medio ambiente adecuado que asegure la posibilidad y supervivencia de nuestras futuras generaciones de Mexicanos.

Considero que una de las principales causas por la que no podemos progresar en conjunto para hacer respetar la legislación ambiental en México, es: porque los niveles de desarrollo de legislación son distintos, ya que en algunos casos los gobiernos locales ( o municipios) elaboran y ponen en práctica programas de protección al ambiente donde la mayoría de las veces, no son exitosos; otro caso es el de las funciones que desempeñan las oficinas del gobierno estatal o empresas privadas por contrato, que no concluyen con sus programas ambientales específicos, debido al breve lapso de 3 años del período gubernamental de un ayuntamiento en México.

En comparación con el gobierno Federal en donde se aprecian los mayores esfuerzos por desarrollar una política ambiental con actividades productivas, donde es muy común el caso de satisfacer las prioridades del gobierno y las demandas ciudadanas, como: campañas electorales, el fomento al empleo, la seguridad, la salud, y el combate a la pobreza, que por consiguiente demanda o requiere gastos e inversión pública. Sin embargo, la posibilidad de otorgar los recursos necesarios que satisfagan en un 100% a las demandas es una tarea imposible, debido a la situación económica actual del país.

Lo más triste de esto… Es que no se le destinan los recursos suficientes a los problemas ambientales porque no toman en cuenta o más bien no tienen idea de las características del daño ambiental, además es muy limitada la toma de decisiones, ya que en algunas ocasiones sólo se atiende a la problemática local y no a las demandas generales.

Las autoridades Estatales y/o Municipales no siempre están de acuerdo con los puntos de vista que expresa la Federación en los conflictos ambientales, y simplemente lo ven con algo de desinterés y cuando llega el momento de asignar los recursos financieros necesarios, para poder ejecutar programas que reduzcan, controlen y prevengan daños ambientales, estas autoridades ahora sí muestran un interés y también un poder.

Otras de las principales causas en la que hago énfasis, es la falta de organización administrativa entre las diferentes instituciones o agencias con jurisdicción en el manejo y control de los recursos naturales y el ambiente; y por último sería el hecho de no contar con personas jurídicas leales, que ejerzan sus imputaciones con ética y responsabilidad.

Nuestra estructura social está sujeta a rápidos cambios tecnológicos y a fuertes necesidades de desarrollo, que requieren de la intervención pública en la toma de decisiones. En el contexto ambiental esta evolución no ha ido a la par con el desarrollo de técnicas y métodos que permitan deslindar la responsabilidad ante un daño ambiental por la ejecución de un proyecto y mucho menos resarcir o compensar dicho daño. Las autoridades no han desarrollado los protocolos, la infraestructura ni generado los recursos para la formulación de proyectos beneficiosos.

Sin hacer excepciones… ¡todos, todos! tenemos responsabilidades, tanto a nivel nacional como internacional, y no sólo quedarnos con simples argumentos, que todos concuerdan y a la vez nadie cuestiona, si no más bien reforzar esas políticas actuales, para aumentar la conciencia respecto a la calidad del ambiente, en todos sus rubros: agua, del aire, en los residuos peligrosos, en la masa forestal, en la zona marítimo terrestre y ambientes costeros y en áreas naturales protegidas, así como también fomentar la participación de los ciudadanos mediante la educación ambiental y una amplia concientización, al igual sería de sumo interés crear programas ambientales a largo plazo, donde se le destinen todos los recursos financieros necesarios de instancias gubernamentales, para poder sustentar los programas y acciones públicas.